Cuesta entender la persistencia en buscar caminos retorcidos para solucionar lo que se llama "el problema de la Corte", sin prestarles correcta atención a los aspectos teóricos, técnicos, políticos e institucionales en juego. Se argumenta que la Corte seguirá siendo o dejará de ser "nicanorista"; se discute si tal ministro favorecerá o frustrará la permanencia de éste o aquel senador entrado por la ventana. Se invoca inconsistentes "reclamos ciudadanos" de unos cuantos que no entienden ni saben nada. ¡Polémicas que tienen menor nivel que las de comités de barrio! ¡Menudencias del truco y retruco parlamentario, donde las sesiones extraordinarias se convocan como si ardiese Troya y se quedan sin quórum sin pena ni gloria!

No se percibe la existencia de un buen plan para enfrentar, desde sus raíces, el descalabro institucional y político derivado, como fue previsto, de los desaciertos en la Constitución del noventa y dos, a los que se agregó el pragmatismo oportunista de la política de mala calidad. En lugar de recurrirse a los principios fundamentales de la cuestión, lo que la Constitución y el constitucionalismo permiten, se redujeron las instituciones a meros remedos, mamarrachos de carnaval. En el Paraguay, las inspiraciones políticas y jurídicas de la civilización occidental se fueron y siguen yendo por el caño.

Comprensión seria y hon- rada, no "a según" las necesidades del momento, y un plan riguroso y viable, son lo que falta. Si el presidente Lugo quiere dejar un legado patriótico, tendría que utilizar su prestigio y autoridad para promoverlo, alejándose de tanta ordinaria inmediatez, pensando y actuando como se espera lo hagan los líderes democráticos, en lo que hace a la esencia y a la supervivencia misma de la República, el Estado de Derecho y la Democracia.

La comprensión tendría que partir de un sincero diagnóstico de las deficiencias constitucionales, legales y jurisprudenciales de por qué el sistema judicial, y en particular la designación de ministros de Corte, no sólo no funcionan, sino que, por más buena voluntad que se ponga, jamás funcionará. Serán cada día más destructivos de las instituciones, si se sigue intentando hacerlos andar como hasta ahora. Ello implica decisiones políticas de fuste, que deben implementarse con inteligencias y consensos que llevará tiempo desarrollar, por lo que la contingencia actual requiere un plan sumamente inteligente y generoso.

El plan debe proponerse etapas y un calendario para su implementación, ambas cosas pactadas con grandeza política. Al menos, tendría que considerar los siguientes aspectos, desarrollándolos minuciosamente.

Primero: aceptar que los ministros de Corte, en correcta y posible interpretación constitucional, son inamovibles hasta los setenta y cinco años de edad.

Segundo: establecer un cronograma no menor a tres años para lo inmediato y para preparar la reforma constitucional imprescindible.

Tercero: concluir con regularidad procesal la designación del sustituto del Dr. Wildo Rienzi, escogiéndolo de la terna existente, otorgándosele o negándoselo el acuerdo presidencial, para que la cuestión termine de una de las dos maneras que legalmente puede.

Cuarto: hacer un claro, transparente y público acuerdo político para que el Presidente de la República, el Consejo de la Magistratura, el Senado, los ministros de Corte y los partidos políticos trabajen conjuntamente, acorde al plan de reforma y renovación no traumática para la institucionalidad, de la Justicia, el Poder Judicial y la Corte Suprema.

Quinto: acordar con los actuales ministros, con inamovilidad previamente reconocida, eventuales retiros anticipados decorosos, dignos y seguros, dado que al menos cuatro de ellos han manifestado su disposición a renunciar, en beneficio de los cambios.

Sexto: reconocerle al Presidente de la República el principal liderazgo en la conducción de esta "transición" y en la selección de juristas a ser invitados a ir integrando la Corte, acompañándolo con sinceridad y sabiduría para que los criterios que aplique sean los mejores.

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